Comunicado de la Mesa de Organización de Secretarios Judicial en defensa de la Nueva Oficina Judicial
Han pasado más de cinco meses desde la puesta en marcha e implantación de la NOJ en las primeras ciudades piloto, principalmente en territorio del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia. Se trata de la implantación de un ambicioso proceso de modernización de la Administración de Justicia, fruto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su reforma de 2003, que diseñó un modelo de organización de la estructura judicial, consensuado por los partidos políticos mayoritarios y las comunidades autónomas mediante el Pacto de Estado por la Justicia, suscrito en mayo de 2001, y el acuerdo de la Conferencia sectorial de Justicia, del que forman parte todas las Administraciones autonómicas competentes en la materia.
El modelo responde a criterios de especialización, eficacia y eficiencia, agilidad, racionalización del trabajo, coordinación y responsabilidad, superando el derroche que produce la atomización insostenible de los órganos judiciales de nuestro país, en aras a prestar un servicio público de calidad, tal y como demanda el ciudadano; organiza las infraestructuras en servicios comunes para aprovechar bien los medios materiales y personales destinados a la Justicia, así como para modernizar este servicio público, anquilosado en formas muy lejanas a las necesidades de nuestra sociedad. El fin último es prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, mediante estructuras que encomiendan diferentes tareas a los diferentes colectivos que integran la Administración de Justicia.
Después de varios años desde aquella reforma orgánica, y tras episodios traumáticos que todos conocemos, se llegó a aprobar la Ley que permitía sustentar un nuevo proceso para la nueva Oficina Judicial, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que viene siendo aplicada ya desde hace casi un año a plena satisfacción de todos.
En las últimas fechas hemos conocido los primeros datos estadísticos del funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales de las ciudades pioneras en su implantación, los cuales revelan indicios de efectividad. Sirva un dato como más revelador, el número de resoluciones notificadas actualmente en las ciudades piloto, dato que es exponente del trabajo ya realizado en la nueva Oficina Judicial, dirigida por Secretarios y Secretarias judiciales e integrada por los profesionales de todos los cuerpos que en ella ejercen sus funciones, superando con creces el nivel anterior a su implantación, pasándose en Burgos de 20.000 resoluciones antes de la implantación a 26.000, o en Murcia de 49.000 resoluciones notificadas a las cerca de 62.000.
Por todo ello, las tres organizaciones representativas del Cuerpo de secretarios judiciales, queremos hacer público lo siguiente:
PRIMERO.- Ratificamos que el modelo con el que en su día nos comprometimos de la Nueva Oficina Judicial de la LO 19/2003, y no otro, es el modelo adecuado para la modernización de nuestro sistema judicial. Los datos nos afianzan en esta consideración.
SEGUNDO.- Demandamos de todos los actores implicados, Administraciones, Instituciones, colectivos de dentro y fuera de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, el espíritu y compromiso necesario para seguir sacando adelante estas primeras experiencias, y rechazando todo atisbo de obstaculización posible. La Oficina Judicial lo es para el ciudadano, verdadero destinatario de nuestros esfuerzos, y de la reforma. Y el ciudadano merece, y exige, que todos los que trabajamos en Justicia, así como las Administraciones implicadas aporten lo mejor de ellos mismos para afianzar un sistema organizativo diseñado en la LOPJ en aras de prestar un servicio próximo y de calidad. Los Secretarios Judiciales así lo hemos entendido siempre, viendo este proceso como la mejor organización para prestar la mejor tutela judicial posible y efectiva al ciudadano, como derecho constitucional que le es propio, y sobre la base de la plena colaboración corporativa e institucional.
TERCERO.- Conscientes del significado de toda experiencia piloto, instamos a que el Ministerio de Justicia tome las medidas necesarias para mejorar la implantación, en lo que pueda no funcionar adecuadamente, principalmente en el ámbito tecnológico, pero sobre la base de la consciencia de que el modelo del 2003 no sólo es necesario, sino posible, y así se ha demostrado ya, factible, eficaz y eficiente. Por ello, demandar de todas las Comunidades Autónomas competentes la extensión de la implantación de la NOj en sus respectivos ámbitos competenciales.
Es responsabilidad de todos no ejecutar, ni mucho menos promover, rupturas de la actual distribución competencial y del esquema general y legal de organización y trabajo diseñado para la Nueva Oficina Judicial en la LOPJ, so pena de estar jugando con las expectativas y derechos del ciudadano.
CUARTO.- Conscientes de todo lo anterior, la mesa de las organizaciones de Secretarios Judiciales, y los mismos Secretarios Judiciales, hemos asumido, con plena responsabilidad, nuestra nueva posición en la Oficina Judicial, pues la Dirección técnico procesal que ejercemos de la misma, está coadyuvando eficazmente a la mejora del servicio público de la Justicia. Estamos convencidos que con este nuevo modelo de organización se sirve mejor al ciudadano, y así lo defenderemos siempre, con la firmeza que sea precisa. Y por ello demandamos igual conciencia por parte del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, pues creemos que ya ha llegado el tiempo de adoptar acciones decididas y eficaces en la línea de implantación real y efectiva de la nueva Oficina Judicial de la LO del 2003 en los términos marcados por ésta, manteniendo sus principios organizativos y distribución funcional para una efectiva dirección técnico procesal.
En este empeño, estamos asumiendo todos los Secretarios Judiciales un coste importante en esfuerzo, trabajo, y para nuestros derechos profesionales. Es tiempo igualmente, y no menos importante, de la respuesta y reconocimiento a las demandas profesionales de los secretarios judiciales que día a día nos esforzamos en sacar adelante el servicio público que precisa el ciudadano.
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